sábado, 10 de noviembre de 2007
LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN LA POLÍTICA
LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN LA POLÍTICA
El artículo 23 de la Constitución consagra el derecho que tienen todos los ciudadanos a participar en la vida política, bien directamente, bien por medio de representantes libremente elegidos.
Este derecho de participación lo vienen ejerciendo los ciudadanos cada vez que son convocados a las urnas para elegir a aquellas personas que han de gestionar los intereses públicos durante un cuatrienio.
Durante el período electoral se produce un fuerte intercambio de ideas y opiniones entre los ciudadanos sobre temas de interés, como el modelo de ciudad que se quiere, el urbanismo, el medio ambiente, la protección de las personas dependientes y otras cosas de interés para la ciudadanía. Con sus muchos y variados comentarios e intervenciones se crea una saludable atmósfera de opinión y de reflexión entre la gente durante esos días. Una actitud que debiera prolongarse una vez pasadas las elecciones.
Y mientras que en el pueblo se respira esta atmósfera de opinión, casi todos los candidatos en campaña a la alcaldía prometen en sus programas que van a contar con el pueblo a la hora de gobernar. Y todos acuden a los vecinos en busca de sugerencias para conocer sus inquietudes. Y hasta algunos prometen dar respuesta a sus sugerencias en sus programas. ¿Qué ocurre después? Que una vez instalados en el poder esta promesa nunca se cumple, porque después se olvidan de todo y no escuchan a nadie. Pasadas las elecciones, se desarrolla en ellos el sentido de la representatividad de tal forma que, so pretexto de representar a los ciudadanos que los eligieron y obtener su mandato para gobernar, prescinden del pueblo. Se apropian de la delegación obtenida para hacer lo que quieren, ignorando la opinión y los deseos del pueblo.
Y el pueblo, por su parte, pasadas las elecciones, retorna de nuevo a su apatía política tradicional. Carente de mentalidad urbana, retoma su visión de la vida, individualista y aldeana. Ignora que la participación en la política activa no es un valor exclusivo de aquellas personas que se presentan para gobernar. Es un derecho y una exigencia del pueblo, que tiene el derecho y el deber de seguir opinando, pasadas ya las elecciones, sobre los temas que le afectan, como el urbanismo, la educación, la sanidad, los servicios sociales, el medio ambiente o la cultura.
La aportación, pues, de los vecinos a la política no debe terminar el día de las elecciones. No debe quedar reducida a un mero examen de los candidatos cada cuatro años. Es aquí en donde deben entrar en juego los necesarios mecanismos para hacer posible que los ciudadanos puedan participar opinando, construyendo, sugiriendo y debatiendo sobre los asuntos que interesan al pueblo. Se trata de encontrar la mejor fórmula para establecer un diálogo permanente entre los gobernantes y los gobernados, que se prolongue más allá del día de las elecciones, para construir así una sociedad más viva, más representativa y democrática. Para eso se necesitan gobiernos abiertos y receptivos. Los políticos que tienen miedo a la crítica, a la sugerencia o al debate y los que desean el ejercicio del poder en solitario, se convierten en sospechosos. Sospechosos de querer ostentar el poder en solitario para poder hacer libremente sus fechorías. Esos tales critican y temen a quienes se interesan y preocupan por la gestión de lo público. Los amenazan a que, si quieren hablar de política, se presenten a las elecciones, como solía contestar el Sr. Pérez Vacas, en su funesta etapa de alcalde, a las críticas que se le hacían. Rechazan las opiniones políticas de los demás, olvidando que todo el mundo puede y debe opinar sobre los asuntos del pueblo. Y aquel pueblo que no se ocupa de la política, renuncia al ejercicio de sus derechos y a la obligación de contribuir con sus aportaciones a un mundo mejor.
Las asociaciones de vecinos no sólo son, pues, convenientes, sino necesarias. Son un freno al abuso de poder. Por eso son rechazadas por quienes pretenden utilizar el poder en su beneficio. Pero los que busquen el poder como servicio a los ciudadanos se sentirían más arropados en sus decisiones con la participación popular.
Por eso parece urgente impulsar la elaboración de fórmulas de participación de los ciudadanos y asociaciones en la vida municipal a través de los instrumentos necesarios, como son los Reglamentos de Participación Ciudadana o los Consejos Ciudadanos o las Oficinas de Participación Ciudadana. El BNG, hoy en el gobierno de Ribadeo, habla en su programa de la puesta en marcha de los llamados “Consellos Parroquiais” para integrar en ellos a las personas y a los colectivos vecinales. El tiempo nos dirá si su promesa se convierte en realidad.- José Mª Rodríguez
El artículo 23 de la Constitución consagra el derecho que tienen todos los ciudadanos a participar en la vida política, bien directamente, bien por medio de representantes libremente elegidos.
Este derecho de participación lo vienen ejerciendo los ciudadanos cada vez que son convocados a las urnas para elegir a aquellas personas que han de gestionar los intereses públicos durante un cuatrienio.
Durante el período electoral se produce un fuerte intercambio de ideas y opiniones entre los ciudadanos sobre temas de interés, como el modelo de ciudad que se quiere, el urbanismo, el medio ambiente, la protección de las personas dependientes y otras cosas de interés para la ciudadanía. Con sus muchos y variados comentarios e intervenciones se crea una saludable atmósfera de opinión y de reflexión entre la gente durante esos días. Una actitud que debiera prolongarse una vez pasadas las elecciones.
Y mientras que en el pueblo se respira esta atmósfera de opinión, casi todos los candidatos en campaña a la alcaldía prometen en sus programas que van a contar con el pueblo a la hora de gobernar. Y todos acuden a los vecinos en busca de sugerencias para conocer sus inquietudes. Y hasta algunos prometen dar respuesta a sus sugerencias en sus programas. ¿Qué ocurre después? Que una vez instalados en el poder esta promesa nunca se cumple, porque después se olvidan de todo y no escuchan a nadie. Pasadas las elecciones, se desarrolla en ellos el sentido de la representatividad de tal forma que, so pretexto de representar a los ciudadanos que los eligieron y obtener su mandato para gobernar, prescinden del pueblo. Se apropian de la delegación obtenida para hacer lo que quieren, ignorando la opinión y los deseos del pueblo.
Y el pueblo, por su parte, pasadas las elecciones, retorna de nuevo a su apatía política tradicional. Carente de mentalidad urbana, retoma su visión de la vida, individualista y aldeana. Ignora que la participación en la política activa no es un valor exclusivo de aquellas personas que se presentan para gobernar. Es un derecho y una exigencia del pueblo, que tiene el derecho y el deber de seguir opinando, pasadas ya las elecciones, sobre los temas que le afectan, como el urbanismo, la educación, la sanidad, los servicios sociales, el medio ambiente o la cultura.
La aportación, pues, de los vecinos a la política no debe terminar el día de las elecciones. No debe quedar reducida a un mero examen de los candidatos cada cuatro años. Es aquí en donde deben entrar en juego los necesarios mecanismos para hacer posible que los ciudadanos puedan participar opinando, construyendo, sugiriendo y debatiendo sobre los asuntos que interesan al pueblo. Se trata de encontrar la mejor fórmula para establecer un diálogo permanente entre los gobernantes y los gobernados, que se prolongue más allá del día de las elecciones, para construir así una sociedad más viva, más representativa y democrática. Para eso se necesitan gobiernos abiertos y receptivos. Los políticos que tienen miedo a la crítica, a la sugerencia o al debate y los que desean el ejercicio del poder en solitario, se convierten en sospechosos. Sospechosos de querer ostentar el poder en solitario para poder hacer libremente sus fechorías. Esos tales critican y temen a quienes se interesan y preocupan por la gestión de lo público. Los amenazan a que, si quieren hablar de política, se presenten a las elecciones, como solía contestar el Sr. Pérez Vacas, en su funesta etapa de alcalde, a las críticas que se le hacían. Rechazan las opiniones políticas de los demás, olvidando que todo el mundo puede y debe opinar sobre los asuntos del pueblo. Y aquel pueblo que no se ocupa de la política, renuncia al ejercicio de sus derechos y a la obligación de contribuir con sus aportaciones a un mundo mejor.
Las asociaciones de vecinos no sólo son, pues, convenientes, sino necesarias. Son un freno al abuso de poder. Por eso son rechazadas por quienes pretenden utilizar el poder en su beneficio. Pero los que busquen el poder como servicio a los ciudadanos se sentirían más arropados en sus decisiones con la participación popular.
Por eso parece urgente impulsar la elaboración de fórmulas de participación de los ciudadanos y asociaciones en la vida municipal a través de los instrumentos necesarios, como son los Reglamentos de Participación Ciudadana o los Consejos Ciudadanos o las Oficinas de Participación Ciudadana. El BNG, hoy en el gobierno de Ribadeo, habla en su programa de la puesta en marcha de los llamados “Consellos Parroquiais” para integrar en ellos a las personas y a los colectivos vecinales. El tiempo nos dirá si su promesa se convierte en realidad.- José Mª Rodríguez
