Después de un largo período de vacilaciones, sentencias y tiras y aflojas entre la parte demandante y la demandada y el propio alcalde de Ribadeo han dado, por fin, comienzo las obras de restauración de la legalidad en el edificio de la calle Hermanos Moreno Ulloa, condenado a reducir su altura ilegal en metro y medio. Se quejaban los demandantes del perjuicio que este exceso de altura representaba para ellos. Se queja la parte demandada de que, como éste, hay otros muchos edificios ilegales en Ribadeo que ahí permanecen exhibiendo orgullosos su impunidad. Se queja el alcalde de tener que afrontar las consecuencias de los errores y culpabilidades de sus antecesores en el sillón municipal. Y, sorprendentemente, los únicos que no se quejan son los contribuyentes del concejo de Ribadeo, que son los que al fin tendrán que pagar de su bolsillo los costes de esta obra de reposición de una legalidad quebrantada, unos 190.000 euros, por la desidia de un alcalde anterior y el abuso de un constructor.

            Un abuso que no admite justificación alguna, pero sí, ciertas matizaciones. Efectivamente, la manga ancha y la permisividad con la que los diversos alcaldes de Ribadeo que uno tras otro se fueron sucediendo en el cargo, sobre todo en los últimos tiempos, ha ido creando un clima entre los promotores inmobiliarios de que desde el Ayuntamiento se estaba aplicando una política de tolerancia, de laissez faire, en la ejecución de las alturas de los edificios. Una permisividad que, poco a poco, fue fomentando la ambición mercantil de ciertos constructores hasta el punto de que son bastantes los edificios con alturas ilegales que hoy se alzan esbeltos en las calles de la villa de Ribadeo. Construcciones ilegales de las que no sólo son culpables los promotores y constructores, que, guiados por afán desmedido de lucro, ignoraron las normas urbanísticas, perjudicando en muchos casos la estética urbanística de la villa, sino también los distintos alcaldes, unos más que otros, que fueron los que con su actitud permisiva, cuando no cómplice, permitieron estos abusos y atropellos en detrimento de la estética urbanística de la villa, y en casos como este, en detrimento del bolsillo de los contribuyentes, dilapidando el dinero procedente de los impuestos que pagan en corregir estos errores, en vez de ahorrarlo para invertir en otros servicios, como una necesaria y urgente residencia para mayores.

            Pero lo sorprendente es que, en vez de entonar el mea culpa por sus actitudes, algunos exalcaldes, como el Sr. Rodríguez Andina, alcalde de Ribadeo en los tiempos en  que se construyó éste y otros edificios, acusó al alcalde actual, Sr. Suárez Barcia, de supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en Ribadeo durante su gestión en el concejo. Estas son las palabras que del presidente del PP local de Ribadeo y Jefe Territorial dela Conselleríade Cultura y Turismo, Sr. Rodríguez Andina transcribía la prensa hace días: “Me ofrezco al alcalde a hacer público un listado de situaciones, cuando menos irregulares que hay en este momento en Ribadeo, ejecutadas bajo su mandato, tanto en construcciones privadas como en obra pública. Es el alcalde el que habría autorizado estas obras”. Si estas graves insinuaciones del Sr. Rodríguez Andina son ciertas, debería ponerlas inmediatamente en manos de la fiscalía para su investigación y esclarecimiento. Lo contrario le convierte en un simple alcahuete de las supuestas ilegalidades de nuestro alcalde, y no en un alcahuete cualquiera dada su situación de cargo público dela Xuntade Galicia. Y si las afirmaciones del Sr. Rodríguez Andina no son ciertas, ¿a qué espera el aludido actual alcalde de Ribadeo que no responde a esta gravísima acusación? ¿Tiene, acaso, razón el presidente del PP en sus afirmaciones? ¿Pretende, acaso, el alcalde ocultar su responsabilidad bajo el manto del silencio, como está haciendo con el caso de la destrucción de las vidrieras plomadas policromadas del cementerio? A nosotros, los ciudadanos, nos queda la duda sobre lo que se esconde debajo de estas graves acusaciones y tenemos derecho a conocer la verdad.