Domingo, 20 de julio de 2008

DE AQUELLOS POLVOS, ESTOS LODOS

Eso es lo que pasa cuando los gestores municipales se dejan guiar por sus  ambiciones y toman frívolamente sus decisiones. Eso es lo que pasa cuando los intereses personales se sobreponen a los generales. Eso es lo que pasa cuando utilizan el poder en su propio beneficio. Y eso es lo que está pasando ahora en nuestro concejo como consecuencia de los equivocados acuerdos tomados por el alcalde anterior en su etapa de gobierno. En su empeño de promover un crecimiento urbanístico, insostenible y desordenado, dirigido a favorecer a las grandes inmobiliarias en contra de los intereses locales dio pie a una reclamación de gran envergadura que ahora nos presenta la empresa Mahía.

            Una reclamación económica que la citada empresa inmobiliaria Mahía presentó en el concejo de Ribadeo por el daño sufrido por no haber podido ejecutar su programa urbanístico en la zona de O Costal, tal como el ex alcalde Pérez Vacas y su grupo de gobierno del PSOE que él presidía había pactado con ella y se había comprometido en sacar adelante mediante un acuerdo plenario. Un acuerdo plenario escandaloso y muy discutido, aprobado con sólo los cuatro votos del PSOE, la abstención del PP que así apoyaba los intereses del PSOE y de la inmobiliaria y los tres votos en contra del BNG. Y no sin que antes fuera advertido el citado ex alcalde por el portavoz del BNG, actual alcalde de Ribadeo, de su equivocada actuación. Ahora la empresa Mahía, en aplicación del aquel principio de lucrum cessans, damnum emergens, es decir, el daño sufrido por la ganancia dejada de percibir, le reclama al concejo nada menos que un total de 15.700.000 €, más de  260 millones de pesetas.

Aquel insigne alcalde del PSOE, haciendo caso omiso de las advertencias del BNG sobre el crecimiento absolutamente desproporcionado, insostenible y desordenado que sus pretensiones suponían y que la Dirección General de Urbanismo de la Xunta de Galicia tampoco iba a autorizar, siguió adelante con sus pretensiones de aprobar urbanizaciones por todo el concejo sin medir las consecuencias negativas que supondrían para los vecinos y para el propio concejo. Y para sacar adelante sus supuestos pactos secretos con las constructoras no dudó en aprobar hasta unas veinte urbanizaciones más que le imponía el PP como dondición, ignorando el crecimiento ordenado del territorio y el modelo de villa y de concejo que le conviene a Ribadeo. Una operación que sonaba más a pelotazo que a otra cosa, como tantos otros que en esos momentos estaban de moda por España adelante.

Estamos ante un caso más, entre otros muchos, que este alcalde actual recibió como herencia y a los que habrá de enfrentarse en defensa de nuestros intereses.

En nuestra opinión, creemos que la empresa Mahía se equivoca de objetivo en la reclamación de sus derechos. Primero, porque la aprobación que se hizo en el pleno famoso a su favor no representa la mayoritaria voluntad popular, sino la voluntad del equipo del PSOE, ampliamente contestada por el pueblo en aquellos momentos. Segundo, porque no ignoraba esta empresa que la aprobación inicial de ese convenio urbanístico en el pleno no representaba garantía alguna para los propósitos de la empresa mientras no se produjera la aprobación definitiva. Y tercero, porque, en todo caso, no fue el pleno del concejo quien se interpuso en sus pretensiones mercantiles sino la Dirección Xeral de Urbanismo que en su Informe previo a la aprobación de este plan rechazó los convenios urbanísticos que contenía como documentos adjuntos, por lo que implicaban de dispersión de futuros núcleos urbanos por el territorio de este concejo y por lo que afectaban a suelos clasificados como de protección forestal y medio ambiental.                                                                                                                           Son estas todas razones que la empresa Mahia conoce sobradamente y no comprendemos su internes en dirigir sus reclamaciones contra el concejo de Ribadeo. En todo caso, creemos que es al ex alcalde a quien debe pedir explicaciones por haber aprobado lo que no podía garantizar o a la Xunta de Galicia, responsable en último caso de la exclusión de estos convenios del plan de urbanismo.

Esperamos, y no nos cabe la menor duda, que el alcalde actual sabrá defender con tenacidad y constancia los intereses del concejo y de los vecinos para salvaguardar su patrimonio de las consecuencias del mal gobierno y de los supuestos pactos de su antecesor en el cargo con la empresa Mahía.-José Mª Rodríguez

 


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