Viernes, 18 de septiembre de 2009

ADMINISTRAR EN TIEMPOS DE CRISIS

            Aunque cada uno puede hacer de su capa un sayo en uso de su libertad, la buena administración de la hacienda es patrimonio de personas sensatas. Sobre todo cuando el dinero que se administra el dinero de otros. Pero cuando se trata de la administración de lo público el buen uso de los recursos es una exigencia moral incuestionable. Y lo es porque el dinero público es el producto del duro trabajo y del sudor de la frente de los contribuyentes que, a través de los impuestos y contribuciones, casi siempre exageradas e impuestas contra su voluntad, está destinado a hacer frente a los servicios públicos de la comunidad.

            De ahí la grave responsabilidad de los alcaldes a la hora de administrar el dinero de los contribuyentes. Es verdad que no faltan gestores que creen que el dinero público no es de nadie y que pueden hacer con el lo que quieran. De eso, algunos nos dejaron sobrados ejemplos. De los que así piensan nació, por ejemplo, ese famoso convenio de funcionarios en el concejo de Ribadeo, con sus privilegios y nóminas escandalosas de las que el Informe de la Universidad de Santiago, sobre la situación organizativa y retributiva actual del concejo de Ribadeo, dice que están “moi por riba do habitual para concellos similares ao Concello de Ribadeo”. Esos tales son los autores de esos y otros similares y descabellados dispendios, como las estatuas o el ascensor, hechos en detrimento de nuestro patrimonio histórico y medioambiental. Actuaciones que, ni eran necesarias, ni siquiera convenientes, ni soportables para la economía de un concejo como el de Ribadeo.

            Pero, aun suponiendo la recta intención de algunos alcaldes a la hora de invertir el dinero, que sin duda la hay, no faltan entre estos quienes lo gastan con ligereza y sin el cuidado y la precaución que requiere la administración de lo público, sobre todo en estos tiempos de crisis. Son los que no reparan en hipotecar al concejo con actuaciones innecesarias y superfluas con el único fin de promover su imagen política, en vez de dedicar sus esfuerzos a invertir únicamente en lo imprescindible y necesario, como son los servicios públicos indispensables. Despilfarrar así el dinero público para acabar subiendo los impuestos a los contribuyentes muy por encima del IPC, como se hizo este año con la subida de 4,5% cuando el IPC estaba en el 2%, o anunciar otra vez una nueva subida de impuestos en los tiempos que corren es un grave error sobre el que los ciudadanos deben reflexionar.                                                                                               

          Pero hay, también, otras formas de dilapidar el dinero. Son esas actuaciones mal programadas y hechas sin el asesoramiento técnico suficiente cuyo resultado final es el fracaso. A nadie se le escapa, por ejemplo, que ponerse a bachear una carretera sin antes quitarle las aguas con la limpieza de las cunetas, como se hizo hace poco con la carretera del faro, es tirar el dinero. Han transcurrido apenas tres meses y la carretera ya se está deshaciendo. Et sic de caeteris, como pasa con el alumbrado del paseo del Faro que compite con la luz del sol durante horas, o con los sueldos de la Administración Local que, en vez de bajárselos a algunos y congelárselo a todos, siguen repartiendo entre ellos cantidades ingentes de dinero, como la bolsa de los 68.000 euros, a costa de subir los impuestos a los vecinos. Aumentar los impuestos municipales en estos momentos de crisis se convierte en un acto de violencia encubierta, injusta y humillante para los ciudadanos que les tienen que hacer frente con el sudor de su esfuerzo diario.

            Parece que los gestores municipales no sienten en sus carnes la crisis, ni entienden de apretarse el cinturón. Se dedicaron a dilapidar los fondos públicos en obras suntuosas como el ascensor, gastos de lujo como viajes a Uruguay o a Loctudy y políticas populistas con la creación de cada vez más chiringuitos, como si nada pasara. Ante los reparos que planteó la oposición a los últimos presupuestos municipales, exigiéndole al gobierno la reducción del gasto corriente y la máxima austeridad posible en las inversiones, no se puede decir que el gobierno local actual, a pesar de su mensaje de austeridad, esté haciendo nada para lograrlo, como sería lo sensato en los tiempos que corren. Más bien al contrario, insiste en aumentar la plantilla de trabajadores para seguir endeudando al concejo, como ocurre con la nueva contratación del técnico medioambiental que, como siempre pasa, va a quedar como una carga pesando para siempre sobre el concejo. No hay que olvidar que si el gobierno del BNG aceptó recortar el presupuesto, no lo hizo por propia voluntad, sino porque se lo impuso la oposición. Es de agradecer la postura de los grupos de la oposición poniéndose de parte de los intereses de los ciudadanos a la hora de exigir unos presupuestos más austeros, aunque al mismo tiempo es de lamentar que no fueran capaces de dar ejemplo cuando a ellos les tocó gobernar y se dedicaran a derrochar el dinero a manos llenas dejando hipotecado al concejo por varias generaciones.-José Mª Rodríguez

           


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